Emilio Baistrocchi: “Del 2007 al 2022, siempre se habían aprobado las cuentas. Luego de mi pelea con Uñac, empezaron las observaciones”.

Emilio Baistrocchi, ex intendente de la Ciudad de San Juan, presentó una recusación formal ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, contra tres de sus miembros (Pablo García Nieto, Juan Flores y María Inés Coll), por considerar que “existen vínculos de amistad, parentesco y lealtades políticas” que comprometen la imparcialidad en el análisis de las cuentas de su gestión.

En dialogo con ESTACIÓN CLARIDAD, el dirigente de Hacemos por San Juan señaló que, tras su ruptura con el oficialismo, se realizaron cambios inusuales en los fiscales que fiscalizaban su administración y que estos nuevos funcionarios tienen relaciones personales o políticas con los miembros del tribunal. “Desde 2007 hasta 2022, siempre se habían aprobado las cuentas, siempre. O sea que jamás se había hecho ninguna observación; y de repente, luego de mi pelea con Uñac y de mi salida del justicialismo, se producen dos cosas. La primera es que cambian a los fiscales de cuenta de la municipalidad de la Capital, después de casi dos décadas, y justamente, a la persona que ponen a fiscalizar, venía de fiscalizar la cuenta de la Defensoría del Pueblo, y Pablo García Nieto era defensor del pueblo, y a la vez esta mujer había sido compañera de trabajo de Pablo García Nieto en la Cámara de Diputados, y además es la prima del primo de García Nieto. Todo en familia, todo en amistades, todo en el grupo político”, argumentó.

Baistrocchi también explicó que, según la Ley de Ética Pública, los involucrados debieron excusarse voluntariamente, y al no hacerlo, él los recusa para que no intervengan en el proceso. “En ellos, existía la obligación, el deber, de excusarse al momento de intervenir en una cuenta en la que yo en ese entonces era el intendente. No lo hicieron y eso demuestra el interés que ellos tienen en este pleito, y sumado a todo lo que dije de María Inés Coll, hace que, al no haberse excusado, yo los recuse”.

El procedimiento establece que “los recusados tienen tres días hábiles para responder, y luego otros miembros del tribunal deben resolver si aceptan la recusación en cinco días hábiles”. Baistrocchi adelantó que, si no se apartan, llevará el caso a la justicia y pedirá un jurado de enjuiciamiento por incumplimiento de deberes públicos. Además, denunció un entramado institucional de “blindaje político” que incluye otros organismos como la Corte de Justicia, donde afirma que también hay parentescos que perjudican su derecho a un proceso justo.

Por último, Emilio Baistrocchi concluyó en que su denuncia “no es partidaria, sino jurídica, y se basa en la necesidad de preservar la independencia de los organismos de control”.

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