En la Obra Social Provincia no cesan los descubrimientos fraudulentos contra la Administración Pública y lo que asoma en puerta compromete sensiblemente a la ex gestión en la OSP.
La primera orden del actual interventor Rodolfo Fasoli en la gestión del gobernador Marcelo Orrego, fue la de ingresar a su despacho con un escribano y posteriormente auditar cada pago que ordenó la gestión del ex interventor Miguel Grecco.
El primer acto de corrupción que se detectó ni bien comenzó a rodar la primera auditoría, fue sobre las internaciones domiciliarias. Había pedidos de este servicio en domicilios donde se acreditó existían terrenos baldíos entre otras picardías para hacerse de los dineros públicos. Luego se descubrió la maniobra de «Garder Salud» que en su primer mes de facturación registró unos 2 millones de pesos y tras el tercer mes de actividad «registraban facturaciones por 200 millones de pesos» revelaron a Estación Claridad fuentes del caso. Por este delito, están presos en la cárcel de Chimbas Marilina De La Fuente y Eduardo Guzmán.
Ahora Fasoli deberá decidir si denuncia penalmente a un grupo de médicos y bioquímicos que también inventaron servicios no prestados y aún así los cobraron a través de la Obra Social Provincia. Todo es producto del constante estudio del equipo de Fasoli en cuanto a las prestaciones pagadas el año pasado, en este caso.
La actual autoridad máxima de la institución, detectó la maniobra por parte de médicos y bioquímicos que solicitaron cobros por servicios no brindados en el departamento Iglesia pero que hicieron figurar como prestados. Sin embargo y tras una «auditoría compartida» Fasoli comunicó a los médicos que debían presentar la documentación respaldatoria de esas «prestaciones». Frente a la inexistencia de la prueba solicitada por parte de la autoridad a los profesionales de la salud, el interventor solicitó orientación a los abogados de Fiscalía de Estado quienes le afirmaron que lo detectado lo obliga a presentar una denuncia penal ante la Justicia por defraudación a la administración pública.
La denuncia ya está elaborada y debe presentarla el funcionario a cargo del área, es decir el interventor de la Obra Social Provincia.
Enterados de la posibilidad de ser demandados ante la Justicia, «los profesionales de la salud que se hicieron de dineros públicos a través de maniobras fraudulentas, ofrecieron devolver los dineros cobrados» confío a este diario una fuente calificada.
De todas maneras y al margen de ese ofrecimiento, corresponde que Fasoli haga formal la denuncia penal a los fines de determinar las responsabilidades penales detectadas.
