Mega estafa con terrenos: increparon al juez de la causa en la vereda de Tribunales
El juez de garantías Roberto Montilla fue abordado por damnificados de la dupla Martín – Robles Bonadé. El magistrado explicó por qué decidió la prisión domiciliaria y no una prisión en el Servicio Penitenciario Provincial.
La primera resolución judicial en torno a la causa por la presunta mega estafa con terrenos generó malestar en los denunciantes.
Ello se reflejó pasado el mediodía de este jueves en la entrada a Tribunales de calle Rivadavia.
Allí los estafados esperaron al juez Roberto Montilla para exigirle que explique porqué “benefició” con prisión domiciliaria a Rubén Martín y a su pareja, Denise Robles Bonade.
En la primera audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial para la dupla imputada por el delito de estafa. El juez dictaminó la prisión domiciliaria para ambos.
Montilla en esta etapa del proceso fue designado (los jueces en esta etapa procesal son designados por sorteo) como juez de control de garantías y control de detención.
Sobre Denise Robles Bonade, el magistrado explicó que no puede enviar a la cárcel a una persona que padece problemas psiquiátricos. Es que el abogado de la imputada, Fernando Castro, esgrimió documentación médica que exime a su clienta de permanecer encerrada en una celda. “No puedo mandar al Penal a alguien con problemas psiquiátricos” aseveró el magistrado.
En este sentido el MPF solicitará que una Junta Médica evalúe a Robles Bonade para saber a ciencia cierta si la mujer está o no en sus cabales, si tiene pleno juicio y si cometió delito entendiendo la criminalidad de los hechos. Si esa Junta Médica determina, tras una evaluación, que Robles Bonade puede entender la criminalidad de los hechos, el juez de garantías en esta etapa del proceso puede modificar la detención y ordenar que la mujer sea trasladada al Penal de Chimbas mientras dure la investigación penal preparatoria que para este caso se fijó un año de plazo.
Presos en casa
Si tanto Rubén Martín como Robles Bonade no tienen antecedentes penales, tienen arraigo laboral y residencial y no tienen condenas pendientes o juicios en curso y acrediten que no han modificado el lugar donde viven, entre otras circunstancias, el juez puede entender que ese escenario no representa un riesgo procesal y que no hay riesgo de fuga por parte de los investigados.
La resolución judicial de Montilla fue no solo inmovilizar los activos y sociedades de la dupla denunciada sino que además tienen prohibido salir del país y de sus domicilios salvo una autorización judicial para realizar por ejemplo un trámite en una oficina pública.
Para controlar que ninguno de los dos viole los términos de la prisión domiciliaria, la Justicia coordina con la comisaría jurisdiccional donde tienen residencia los denunciados y dispone rondas policiales periódicas. Ese accionar preventivo de control de prisión domiciliaria se refleja en un parte policial que debe ser reportado con periodicidad ya establecida a la Fiscalía que lleva la causa.
En caso de evadirse del domicilio sin solicitar permiso a la autoridad judicial, el juez Montilla puede revocar la domiciliaria y enviar a uno u otro a la cárcel de Chimbas.
