En meses una UFI resolvió lo que la Unidad Conclusiva no resuelve desde el año 2021

En tiempos razonables frente a lo que la sociedad considera como aceptable o lógico, la Justicia (Ministerio Público Fiscal) resolvió de manera práctica un caso de estafa que le generó un enorme perjuicio económico a un grupo de personas.

Se trata del caso Juan Antonio Medina. El hombre cuyo oficio es la carpintería, estafó sistemáticamente a quienes le encargaban diversos trabajos del rubro.

Medina publicaba en Market Place sus ofertas y promociones para realizar muebles como alacenas, placards y bajo mezada entre otros. Cuando era requerido iba al domicilio interesado, tomaba las medidas y cobraba por anticipado. Con el correr de los días y advirtiendo que Medina no entregaba los trabajos ya abonados, comenzaba a esgrimir interminables inconvenientes tratando de justificar sus incumplimientos.

Así se maneja desde hace varios años cuando los casos de estafa comenzaron a llegar a Estación Claridad. Este año (27 de Junio de 2024) un grupo de personas decidió hacer una presentación colectiva en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Desde el organismo que depende del Fiscal General de la Corte, Eduardo Quatroppani, el equipo de funcionarios judiciales comenzó a investigar a Medina hasta decidir detenerlo en coordinación con efectivos policiales de la Comisaría 4° de Desamparados.

Pero la suerte para Alberto Pereyra (estafado por el carpintero) fue distinta ya que denunció a Medina en el 3° Juzgado de Instrucción el 10 de agosto del año 2021. Todas las causas no resueltas en el anterior sistema judicial recayeron en la Unidad Conclusiva que depende de la Corte de Justicia. El denunciante se comunicó con Estación Claridad y dejó saber “no tengo Justicia, a mí no me llegó, nadie me llamó, nunca fui notificado” dijo ofuscado.    

Al carpintero lo hicieron comparecer ante la Justicia donde admitió su práctica. A una sola clienta le debe entregar 1,6 millones de pesos mientras que a los otros les deberá completar hasta llegar a los 2,5 millones de pesos en total. Para abonar esa suma, Medina deberá depositar el dinero en efectivo en una cuenta especial de la Justicia. Tiene un plazo de 60 días para hacerlo que ya corre desde la semana pasada.

Si al culminar ese plazo, el dinero no está depositado, Medina irá a juicio por el delito de estafa además de desobedecer una orden judicial.

Mientras tanto el hombre tiene secuestrado todos sus documentos de viaje, no puede salir de la provincia y debe presentarse una vez a la semana en la Comisaría 4°. Su teléfono celular está secuestrado ya que lo perita la División de Apoyo Tecnológico de la Policía de San Juan.

Si deposita, la Justicia dictará su sobreseimiento y no tendrá antecedentes penales.