«Los responsables directos y políticos de la locura que me pide la Justicia se pague por la expropiación de La Superiora, son Rubén García (intendente anterior) y Pablo Manzur (asesor letrado de la gestión García)».
A juzgar por la gestión de García solo eche un vistazo recorriendo el departamento Rawson y por la «negligencia de Manzur» dijo Munisaga, ya le contaré lo que significa en millones de pesos no haber ejercido la abogacía. Al menos así lo calificó el jefe comunal Carlos Munisaga este martes desde La Superiora donde entregó indumentaria de trabajo para los empleados del área Servicios.
«Eso se llama negligencia porque no protegieron el patrimonio público» afirmó el intendente cuando Estación Claridad le consultó acerca de la responsabilidad del mencionado asesor letrado. «No importa si Rubén García le ordenó o no a Manzur presentar un recurso extraordinario ante la Justicia para impedir el pago de semejante suma de dinero».
Este diario además le consultó a Munisaga sino sospechaba de un negocio político con la connivencia de algún Poder del Estado a lo que respondió: «Yo veo un perjuicio para Rawson y voy a ir por todas las instancias para evitar pagar esto».
La noticia última es que la Cámara de Apelaciones aceptó este lunes un recurso de queja abriendo la posibilidad de cuestionar la re tasación solicitada por la Corte de Justicia. De esta manera se abre una posibilidad que se declare nulo la multimillonaria re tasación ordenada por los popes del Poder Judicial.
En la opinión pública y con el antecedente de las mega expropiaciones del Estado por las que se cobraron millones de pesos por un par de metros cuadrados, hay una especie de sentencia que no escapa a la misma de siempre, la presunción de un negocio político más. Pero este y en proceso de intento, todavía no se cobra.
La expropiación es un instituto del Derecho Administrativo que busca armonizar el derecho individual de propiedad con el bien común. Se refiere a la adquisición por parte de una organización pública, que es el Estado en la mayoría de los casos, de un bien anteriormente considerado de propiedad privada. Es un procedimiento contemplado y regulado por la ley, que constituye una figura intermedia entre la compra – venta del derecho privado y la confiscación por parte del Estado.
El concepto es un tanto violento y genera resistencia en la psiquis pero es Ley. Al punto que el Estado puede terminar privándolo a usted de su propiedad ya sea parcial o totalmente, siempre que exista una causa de utilidad pública prevista en la ley y mediante el pago de una indemnización.
Cuando la provincia era gobernada por José Luis Gioja en el año 2012, La Superiora (antigua bodega) se declara de utilidad pública para construir un complejo deportivo, social y cultural.
El monto a indemnizar en aquel entonces rondaba casi los 6 millones de pesos y Cuyo Inversores S.A (Clan Pallito) pidió que se re tasara pasando el inmueble a revalorarse en 6,8 millones de pesos.
La jueza Adriana Tettamanti ordenó se pagara el saldo adeudado pero la Corte de Justicia consideró que el inmueble tiene un valor de 1.474 millones de pesos. De ese dinero la gestión Munisaga debería pagar unos 300 millones de pesos más los costos de los litigantes durante el proceso judicial. «Una locura» declara el intendente actual.
