San Juan

Falló a favor una demanda contra Banco San Juan por una estafa en préstamos en el 2021

El abogado que representa a los damnificados brindó los detalles de un caso que comenzó hace 2 años contra la entidad bancaria

El abogado Gustavo Martín estuvo en diálogo con Estación Claridad acerca de la demanda contra el Banco San Juan en nombre de dos clientes afectados. Hoy ha brindado información detallada sobre el caso. Según Martín, los hechos se remontan al 10 de mayo de 2021, cuando su cliente, Mario Rodríguez, descubrió que se habían solicitado préstamos en su nombre. Al acudir al banco al día siguiente, confirmó la existencia de estos préstamos, aunque él mismo negó haberlos solicitado. Presentaron una queja formal al banco al día siguiente, donde con el tiempo, la entidad respondió que los préstamos habían sido solicitados desde Merlo, Buenos Aires, lo que confirmó que se trataba de un caso de estafa. Además, se descubrió que los estafadores habían utilizado los datos del padre de Rodríguez, incluyendo su rol como apoderado, para solicitar préstamos en nombre también. En total, los préstamos ascendían a 250 mil pesos en el caso de Rodríguez y 235 mil pesos en el caso de su padre. Además de los préstamos, se sustrajeron 105 mil pesos de la cuenta corriente de Rodríguez.

Es donde entra la demanda recae en el Banco San Juan, ya que la misma se basa en la responsabilidad de la entidad bancaria frente a situaciones en las que los clientes no han otorgado acceso personal ni virtual a terceros, y aún así han sido víctimas de fraude. Los afectados acudieron a Defensa del Consumidor el día 9 de junio del 2021 donde se establece una audiencia, para donde entonces el Banco ya había accedido a no descontar de su sueldo la cuota del préstamo. Sin embargo el débito se realizó igual, y ante esta negativa de continuar descontando, ambos clientes decidieron dejar de ser parte de Banco San Juan, iniciando una demanda formal el 9 de agosto de ese año. 

El proceso judicial en el caso de estafa bancaria ha enfrentado demoras debido a la complejidad de los procedimientos. Sin embargo, un reciente desarrollo el 11 de abril de 2023 ha marcado un hito en este caso. Las pericias informáticas y contables no revelaron anomalías evidentes, aunque el juez ha respaldado a los afectados debido a la envergadura de la operación que se originó desde una provincia a distancia. Los hechos es que el banco tuvo inmediato conocimiento al igual que Defensa al Consumidor de la demanda, donde la entidad no  puede respaldar ni justificar que no hubo nada fuera de lo normal.

Los afectados han tenido que demostrar que no fueron inducidos ni contactados para compartir sus datos. La evidencia crucial reside en los cajeros automáticos de donde se retiró el dinero. Ninguno de estos registros indica que el dinero fue retirado en la provincia a la que se atribuye la operación fraudulenta. Por lo tanto, se ha demostrado que la estafa se llevó a cabo de manera cibernética.

El juez ha decidido parcialmente a favor de los afectados, reconociendo el daño patrimonial causado por los descuentos indebidos en sus cuentas. Como resultado, los afectados no estarán obligados a pagar estos préstamos. Además, el banco deberá reponer $150,000 a Mario Rodríguez, compensando la deducción de $105,000 de su saldo, y $100,000 a su padre. En respuesta, el banco ha anunciado que apelará la decisión. El abogado de los afectados ha confirmado que también presentarán una apelación en busca de una compensación más justa por el daño moral sufrido. Este caso sigue en desarrollo mientras las investigaciones continúan.

El abogado concuerda en que la compensación por daño moral otorgada hasta el momento es considerablemente insuficiente. Teniendo en cuenta la inflación y los costos actuales, estima que a los afectados les debería corresponder aproximadamente la suma de 250 mil pesos cada uno. Esta cifra no incluye el impacto adicional que ha tenido en sus vidas financieras el hecho de estar registrados en el Veraz, lo que añade un agravante a la situación. Esta consideración refuerza la necesidad de una compensación justa y adecuada que tenga en cuenta todas las implicaciones y consecuencias que esta estafa bancaria ha tenido en la vida de los afectados.

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