Crimen de Lucio Dupuy: Evaluarán el desempeño de la jueza y asesora de familia en la tenencia

Esta semana, se ratificaron las sentencias para Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, condenadas por el asesinato del pequeño Lucio Dupuy. La atención se centra ahora en determinar si la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que otorgó la tenencia del menor a su madre, enfrentará un juicio por mal desempeño en sus funciones. La asesora de familia, Elisa Alejandra Catán, también está implicada en este proceso.

El procurador general, Mario Oscar Bongianino, tiene un plazo de 6 días hábiles para responder al pedido del Jurado de Enjuiciamiento de La Pampa que busca llevar a juicio político a la magistrada y a su colaboradora para evaluar sus destituciones.

Este Jurado, que respaldó unánimemente esta solicitud, está compuesto por el ministro del Superior Tribunal de Justicia provincial, Fabricio Luis Losi, las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, y las abogadas María Natalia Gaccio y Silvina María Garro.

La petición de juicio político contra Ana Clara Pérez Ballester se fundamenta en que «la jueza no consideró en ese momento la conducta de la progenitora a la que se le otorgó la custodia de Lucio». Mario Aguerrido, abogado de la familia Dupuy, indicó a TN que la jueza no supervisó a la madre, quien había abandonado a su hijo en los dos años previos. Además, resaltó que nunca citaron a Christian Dupuy, padre del menor, para decidir sobre la custodia, un hecho relevante en este caso que culminó con la trágica muerte del niño en noviembre de 2021.

La denuncia por mal desempeño contra Pérez Ballester fue presentada por diputados de La Pampa, quienes argumentan que la jueza y Catán «no realizaron un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio». También destacaron que todo se resolvió sin citar testigos ni escuchar al menor, y que el caso «no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales».

En este contexto, se apunta que la jueza omitió reiteradamente cumplir con sus obligaciones, que implicaban tomar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, un aspecto fundamental que debe primar en cualquier actuación de esta naturaleza. La situación de Lucio Dupuy ha generado un profundo cuestionamiento sobre la gestión judicial en casos de custodia y protección infantil. El desenlace de esta situación estará sujeta a la evaluación de la justicia y la respuesta institucional ante los errores que pudieron haberse cometido en este caso.