Los docentes que atenten contra la integridad sexual de alumnos, no podrán ejercer en el ámbito escolar

Esta mañana, Cristina López fue consultada por el reciente reclamo de padres de alumnos de una escuela primaria de Capital, al enterarse de que el docente titular que pusieron al frente de un aula y que retornaría a su trabajo luego de una dispensa por COVID, tiene a sus espaldas una vieja condena por un delito sexual en perjuicio de menores de edad.

En tal contexto, la senadora, autora de la introducción de un artículo específico en éste sentido a la Ley de Educación de la Provincia de San Juan, se expresó al respecto: “Los  docentes que cometieron delitos contra la integridad sexual de alumnos, no  pueden seguir ejerciendo la docencia,  aún habiendo cumplido la pena. Sabemos que éstas persona suelen reincidir en los delitos de integridad sexual, de la misma manera que cuando el docente ejerce violencia familiar, porque perdió su capacidad de formar niños. La corrupción de menores entraría en ésta ley”, aseveró.

Continuando con su argumento, López agregó que “son individuos que deberán reinsertarse en el ámbito social, pero no están aptas para dictar clases. Por donde se mire, se debe alejar a la persona de los menores, inclusive ante la mínima sospecha”.

Consultada sobre otras acciones, como su designación para un trabajo administrativo, la funcionaria respondió que de eso se encargará el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que el educador deberá estar  siempre  “lejos de los niños”,  protegidos por tratados nacionales e internacionales.

Finalmente, la senadora  empatizó  con la preocupación de los papás, pero afirmó que  “hay una ley que los respalda”.

En ésta línea, cabe mencionar que el docente fue identificado por padres y directivos del establecimiento  como Walter Mauricio Basso Bernal (46), a quien le pesa una causa en 1998, cuando  cayó por corrupción de menores llevada adelante en el Tercer Juzgado de Instrucción.

A consecuencia, un año más tarde, el 4 de noviembre de 1999 se lo condenó a 5 años de prisión efectiva y cumplió la pena en el Penal de Chimbas.

También se le cuenta una denuncia por amenazas y en 2020 por circular con documentación apócrifa, causa que se tramitó por Flagrancia.