Nueva jornada de protestas en Francia contra la reforma jubilatoria: incendios, represión y detenidos
Se trata de la novena jornada de huelgas y protestas tras la aprobación por decreto de la reforma. Los sindicatos consideran extender aún más las movilizaciones.
Una nueva manifestación contra la reforma jubilatoria en Francia tuvo duros enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, la destrucción de mobiliario urbano y comercios.
Individuos vestidos de negro y con el rostro cubierto con capuchas que iban varios cientos de metros por delante del cortejo sindical lanzaron proyectiles a las fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos durante el recorrido entre la plaza de la Bastilla y la Ópera donde está previsto que acabe la marcha.
En algunos puntos, provocaron incendios aprovechando la basura acumulada en las calles por la huelga que dura ya más de dos semanas, lo que obligó a intervenir a los bomberos.
A media tarde, fuentes policiales indicaron que se habían llevado a cabo 14 arrestos.
En paralelo a esos disturbios, el desfile sindical discurría de forma pacífica, con 800.000 participantes, según las primeras cifras de la CGT, lo que de confirmarse sería la mayor concentración desde que el pasado 19 de enero comenzaron las protestas contra la reforma de las pensiones.
Como en París, las manifestaciones también degeneraron en incidentes en otras ciudades del país, como Rennes, Nantes, Burdeos o Lorient.
Los principales líderes sindicales se habían desmarcado de los actos violentos y los condenaron, al tiempo que acusaron al presidente, Emmanuel Macron, de apoyarse en ellos para desacreditar la fuerza de sus manifestaciones.
El motivo de las protestas
Francia vive la novena jornada de protestas contra un texto de ley que retrasa en dos años, hasta los 64, la edad mínima de jubilación, que fue definitivamente aprobada después de que fracasaran dos mociones de censura contra el Gobierno, una de ellas por tan solo nueve votos.
Macron aseguró que espera que la reforma entre en vigor antes de final de año, una vez que reciba el visto bueno del Consejo Constitucional, mientras que los sindicatos aseguran que mantendrán las protestas y las huelgas para forzar la mano al Ejecutivo y que la retire.
