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Intento de robo al banco Macro: el «Mudo» ya se rehabilita en el Nazario Benavidez

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El menor de 16 años que intentó robar en el banco Macro de Avenida Libertador en pleno microcentro de la Ciudad de San Juan, fue derivado al instituto Nazario Benavidez.

Aunque la jueza de menores María Julia Camus no dejó saber los fundamentos de las medidas sobre el menor, Estación Claridad supo, según fuentes policiales que «deberá cumplir una rehabilitación de dos meses».

Madrugada del 8 de agosto. El día del intento de robo la Policía movilizó cerca de 100 efectivos. La formación policial pertenece al grupo GAM (Grupo de apoyo motorizado elite de la Policía de San Juan).

Se trata de las medidas socio educativas que el menor en conflicto con la ley penal deberá cumplir en el Instituto mencionado. Esas medidas abarcan un amplio abanico de posibilidades y en un plazo de dos meses pueda recapacitar y lograr reinsertarse a la sociedad.

Las medidas pueden involucrar un contenido educativo además de un abordaje para el tratamiento de sus adicciones. Deberá aprender un oficio y en el caso de no tener estudios culminados, el Nazario Benavidez cuenta con los servicios de una escuela primaria además de tener convenio con un CENS (Centro Educativo de nivel secundario).

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Sin perjuicio de ello, el menor que cumplió sus 16 años de edad en febrero de este año, cuando tenga 18 años será juzgado por el delito que cometió. Como el hecho fue abordado en principio por el sistema de Flagrancia, se acreditó que efectivamente ingresó a la entidad bancaria utilizando un destornillador, tomó contacto con 353 cheques del banco e hizo destrozos en las instalaciones.

El sistema penal argentino prevé que todos los menores que cometieron un hecho ilícito deben responder ante un juez cuando lleguen a la mayoría de edad. Técnicamente ese proceso se denomina juicio de Cesura. Se trata de la división del debate en dos partes, una dedicada al análisis de la existencia del hecho y el discernimiento de la culpabilidad y la otra a la determinación de la pena.

Para que ese proceso judicial culmine, el menor no solo deberá cumplir con al menos un año de medidas socio educativas sino que además serán relevantes los informes de los gabinetes donde cumplió las medidas dictadas en este caso por la jueza Camus.

Cumplido ese proceso, la autoridad judicial podrá condenarlo y aplicar una pena, no condenarlo o condenarlo y aplicarle una pena en suspenso.

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Llama la atención que la jueza Camus haya dictaminado solo dos meses de rehabilitación teniendo en cuenta no solo el delito protagonizado por el «mudo» en el banco Macro sino el tendal de antecedentes que le pesan.

Pero todo depende del criterio del juez. Lo que sí está claro es que la norma vigente permite un plazo máximo de hasta un año de medidas socioeducativas para un menor en conflicto con la ley penal. De todas maneras y si la jueza lo considera, podrá solicitar la extensión del plazo de dichas medidas. Eso lo deberá decidir la Cámara Penal y solo extender las medidas hasta los 18 años de edad de la persona.

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