El Gobierno ratificó que Internet y conectividad sean «servicios públicos»: qué riesgos advierten empresas

Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que Internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas», afirmó el mandatario, Alberto Fernández, en la presentación del plan Argentina Programa, y así reavivó la disputa entre el Gobierno y las empresas telco.

«Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores y en el fondo lo que les proponen es que salgan a la calle y luchen contra los que les dijeron que se queden en sus casas pero que dejen que todo lo demás siga funcionando como estaba; esa libertad es libertad para algunos y catástrofe y penuria para millones», consideró el Presidente.

De esta manera, Alberto Fernandez apretó el acelerador sobre la promesa de declarar servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga.

Lo había hecho el año pasado a través del decreto 690 en medio de la pandemia del coronavirus, pero las empresas telco argumentaron por distintos medios lo nocivo de la medida.

Además, consideran que es una actividad privada libre que se realiza en condiciones de competencia, por lo cual sería ilegítimo que el organismo de aplicación sea quien fije el marco regulatorio del mismo.

Otro de los argumentos es que el DNU 690/2020 «desconoce los derechos de propiedad de los licenciatarios, destruye la mínima seguridad jurídica necesaria para brindar un horizonte de previsibilidad a servicios que exigen de permanentes y millonarias inversiones para funcionar».

En cambio, por parte del Estado, consideran que a través del DNU, el Estado recuperaría herramientas de control y regulación de precios, calidades, tipo de servicio y universalidad.

Según analistas privados, está demostrado que declarar a las telco como servicio público esencial es negativo para el sector: que dependa del Gobierno la suba de precios no es un buen incentivo, menos que menos en un contexto de inflación que rompe pronósticos oficiales.

Tampoco es un buen guiño que hayan roto los contratos existentes sobre 4G e Internet, en donde no había intervención de precios por parte del Gobierno. De esta manera, las compañías telco están obligadas a invertir, tirar fibra, antenas, etc., pero sin reglas claras.

Hace pocas horas, Roberto Nobile, CEO de Telecom, aseguró que si el Gobierno sigue con su idea sobre las telco y la regulación de tarifas, se podrán en juego hasta 4,5 puntos del PBI.

Tras el polémico DNU 690, el diálogo con el Gobierno se cortó y «la industria en su totalidad debió acudir a la Justicia para poder funcionar como lo venía haciendo hasta el momento», comentó el CEO de Telecom.

«Los productos de telefonía fija, por ejemplo, y todo lo que era video, banda ancha y móvil tuvieron un incremento en marzo del año pasado. Ese fue el último aumento. Y trabajamos muy cerca con el Gobierno y para acompañar a los clientes en lo que fue el proceso de aislamiento. De hecho, estuvimos siete meses sin cortarle el servicio a quien no podía pagarlo», recordó Nobile.

Y agregó que «una cosa es la coyuntura y otra cosa es cambiar las reglas de juego de una industria de más de 200 empresas con niveles de uso y de servicio que son realmente elogiables y una dinámica competitiva enorme».

Primero Telecom, luego Telecentro y DirecTV

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a Telecom Argentina ante un recurso de apelación y dictó una medida cautelar a su favor que suspende los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020 que habían declarado como Servicio Público Esencial a las telecomunicaciones.

Esto significa que las compañías no necesitan el aval del Enacom y podrán seguir estableciendo los precios que más le convengan sin autorización.

El Enacom

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, aseguró que «lo que estamos esperando es que la Corte intervenga. El Presidente ratificó lo que ya está en una ley, ratificado por el Senado, y que no fue declarado inconstitucional».

Sobre los fallos de la Justicia a favor de Telecom, Telecentro y DirecTv, Gustavo López explicó que esa medida cautelar «cae en octubre» y consideró que «no puede la Justicia suspender la norma si está vigente».

En este sentido, «el Presidente sostiene que es un servicio público y manda un mensaje político a las empresas» en línea con lo que está haciendo «América Latina y hasta el mundo».