“Nuevas circunstancias que por su potencial aptitud dirimente, ameritan un reexamen por el a quo de un aspecto de la cuestión traída a conocimiento de esta sede revisora. Como quedó consignado supra, una de las alternativas expuestas por el propio tribunal de la anterior instancia para que López pueda, eventualmente, hacer frente a la caución personal impuesta, es la opción por un seguro de ese tipo que abarque la suma fijada de $85.000.000. En ese punto, advierto que según surge de los intercambios de correos electrónicos acompañados por la defensa, quedó planteada una cuestión que no fue abordada por el a quo en esta oportunidad, pues, cabría verificar que las compañías consultadas, o bien no producen esa clase de seguros para casos como el subexamine, o, de forma preliminar, habrían establecido un presupuesto de $1.700.000 mensual, que, en principio, esa parte admite no poder afrontar”, sostuvo Casación.

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“La resolución recurrida, en este tramo, cuenta con fundamentación solo aparente, lo cual impide considerarla como acto jurisdiccional válido. En tales condiciones, y sin que lo expuesto implique de ningún modo abrir juicio sobre la restante cuestión de fondo traída a conocimiento de esta sede casatoria, se impone una nueva evaluación jurisdiccional que, a fin de no privar de instancia a las partes, deberá ser llevada a cabo por el tribunal de origen”, concluyeron.

José López está preso desde junio de 2016 cuando fue encontrado arrojando bolsos en un convento de General Rodríguez que tenían 9 millones de dólares, y por las cuales a mediados de 2019 se lo condenó a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

El exfuncionario venía desde antes siendo investigado por enriquecimiento ilícito y ahora al cumplir las dos terceras partes de la condena la cual aún tampoco está firme, es que se le concedió la libertad pero que no se hizo efectiva por el no pago de la caución.