San Juan

Comenzaron a refaccionar el rancho de los abuelos Antunez en San Martín

El municipio le advirtió al dueño que si no permitía los arreglos la casa debía derrubarse y no alquilarse más.

Esta semana y la que pasó fueron clave para Alicia, Isabel, Juan y Ricardo Antunez. Es que ante el temor de ser desalojados de la precaria vivienda que habitan y alquilan desde el año 1982 en las esquinas de Quiroga y Nacional, departamento San Martín, el municipio intercedió y llegó a un acuerdo con el señor Porras, propietario de esa vivienda.

Al hombre le advirtieron que en caso de negarse a que el rancho fuese refaccionado en sus instalaciones eléctricas entre otros, no podía alquilarlo además de derribar la casa en un plazo de 30 días.

Pero antes que el abogado del municipio de San Martín lo deje citado, Porras accedió y se comprometió a no aumentar el alquiler que le cobra a los jubilados. 

A dos semanas de visibilizar Estación Claridad la precariedad y las condiciones de habitabilidad de los 4 hermanos, el municipio comenzó a enviar materiales (ripio, arena fina y gruesa, cemento y adoquines). Los albañiles que iniciaron el revoque de la vivienda y comenzar a colocar los pisos nuevos en toda la casa, también iniciaron la instalación eléctrica de la casa para evitar el constante riesgo de electrocución al que estaban expuestos los adultos mayores. 

 

 

Antes de las refacciones.
Ahora. Frente en refacción.

Entre esta semana y la que viene las tareas habrán culminado según los plazos que estableció el propio intendente Cristian Andino ante la problemática expuesta por Estación Claridad.

Antes. Las camas de la vivienda apoyadas en pisos de tierra.
Ahora. Comenzó la colocación de adoquines en dormitorios, pasillos y cocina.

El piso de los pasillos pasan de la tierra a los adoquines.

En adelante, se consultará a los legisladores provinciales la posibilidad de que el escenario expuesto se convierta en un caso testigo. Ello a los fines que los propietarios que alquilan viviendas de adobe con riesgo de derrumbe sean intimados por la ley a derrumbarlas y no alquilarlas o caso contrario, permitan la asistencia de los municipios tal como lo concretó el departamento San Martín. 

Según consultas de este diario a profesionales del derecho, la iniciativa es viable ya que se persiguen intereses superiores plasmados en la Constitución como la vida y una vivienda segura. 

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