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Entrevista al titular de ENARGAS: «Las facturas de gas en hogares aumentarán en mayo entre 6% y 7%»

Aseguró que se terminó el congelamiento. Dijo que la suba permitirá recomponer ingresos a transportistas y distribuidoras, pero no traslada el nuevo precio en dólares por el Plan Gas. "Son tarifas justas, razonables y asequibles", afirmó Bernal.

Las tarifas de gas tendrán en mayo el primer aumento durante el Gobierno de Alberto Fernández. 

Será de entre un 6% a 7% en promedio para los usuarios residenciales (hogares) y de 4% para pequeñas y medianas empresas (PyMEs), según confirmó el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, en una entrevista exclusiva con El Cronista.

Desde el próximo mes, habrá una recomposición del margen bruto de ingresos de transportistas y distribuidoras (compañías prestatarias de los servicios públicos regulados), y no se trasladará el mayor costo de adquisición del gas que tienen las empresas por la implementación del Plan Gas, lo que llevará al Tesoro a destinar más subsidios para cumplir con las petroleras que entraron en el programa.

– ¿Cuándo se aprueban los nuevos cuadros tarifarios para el transporte y la distribución de gas?

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– Si se cumplen los tiempos para los distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional intervinientes en la materia, los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes contarán con nuevos cuadros tarifarios -los denominados «de transición»- durante la primera semana de mayo.

Esta es una primera etapa en la renegociación que reviste justamente ese carácter. Recordemos que, a su vez, el Poder Ejecutivo ha definido un plazo de renegociación de dos años desde la publicación del Decreto 1020 de diciembre del año pasado.

En este sentido, los cuadros de transición regirán hasta la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios definitivos, que son aquellos que surgirán de dicha renegociación, los cuales tendrán validez por un nuevo quinquenio.

– ¿De qué porcentajes estaríamos hablando?

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– Realizada la audiencia pública del 16 de marzo convocada por el ente y analizadas ya las posiciones de usuarias y usuarios, así como de las licenciatarias de transporte y distribución, podemos afirmar que el aumento en factura final será del orden del 6-7% para residenciales (promedio ponderado) y del orden del 4% para pequeñas y medianas empresas.

Estos porcentajes son los que se ajustan a la Ley 24.076, al Decreto 1020/20, a la Constitucional Nacional, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional y al fallo de la Corte Suprema «CEPIS» de agosto de 2016.

Son, en definitiva, los que se ajustan a la instrucción recibida por el Presidente de la Nación de tener tarifas justas, razonables y asequibles; tarifas que contemplen la situación socioeconómica de los argentinos y las argentinas; tarifas con equidad distributiva y sustentabilidad productiva.

Alberto Fernández nos pidió regularizar las tarifas del sector y en eso estamos. De hecho, en el Decreto 1020 al que hice referencia, se optó por la renegociación en razón de que las tarifas de los servicios públicos, que registraron aumentos sustanciales en el Gobierno anterior, no fueron justas ni razonables ni asequibles en los términos de lo establecido por los marcos regulatorios.

En pocas palabras, el mantenimiento de los cuadros tarifarios actuales no va a continuar más allá de abril en lo que respecta a las tarifas de transporte y distribución. Esta es la instrucción que hoy se tiene y que se está ejecutando como parte del proceso de renegociación.

– Las nuevas restricciones a la circulación que van a impactar sobre la economía, ¿puede poner un freno al descongelamiento de las tarifas? ¿O van a avanzar igual con los aumentos?

– La instrucción que hoy tenemos es la de terminar con el congelamiento (que debe recordarse siempre, inició el ex presidente, Mauricio Macri, y sin pandemia) y trabajar para normalizar el sector.

Lógicamente, con la complejidad inédita y extraordinaria que viene dada por la pandemia, por un lado, y los cuatro años de anarquía de mercado que pusieron tanto al servicio público como al pueblo argentino al borde de su extinción, por el otro.

La nueva tarifa sobre la que se está trabajando y que arranca en mayo en su modalidad de transición no va a poner en peligro al servicio público, y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica, como pidió Alberto. Es decir, no va a ser confiscatoria, como fue con Macri.

– ¿El mayor costo de adquisición del gas que tienen las distribuidoras será trasladado a los usuarios? ¿O será cubierto con más subsidios?

– Recordemos que la Secretaría de Energía convocó a una audiencia pública el pasado 15 de marzo. El objeto fue debatir qué porcentaje del precio del gas surgido del Plan Gas será cubierto (subsidiado) por el Estado Nacional.

Pues bien, todavía falta que la Secretaría resuelva y se expida sobre ello. Recordemos que no todo costo de adquisición corresponde ser trasladado automáticamente a tarifa, es decir, a usuarios y usuarias.

– ¿Y si los precios aumentan porque el Estado no puede aumentar los subsidios, como afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en reiteradas oportunidades?

– Entonces el ENARGAS está obligado por ley a convocar a una nueva audiencia pública para determinar el precio del gas que pasa a tarifa. Ello, si se modifican los precios del gas actualmente vigentes en los cuadros tarifarios.

– ¿Esto podría retrasar la salida de la tarifa de transición?

– No. La tarifa de transición para transporte y distribución entra a regir en mayo. Nuestra labor al respecto ya está concluida. Lo que se demoraría, en todo caso, es el traslado a tarifa del precio del gas. Reitero, si es que se decidiera modificarlo.

 Incluso si se decidiera mantener los precios de cuenca actuales de todas maneras habría que hacer una audiencia pública, porque el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es un promedio ponderado de los precios de cuenca, se modificaría de todas maneras.

La fórmula de actualización que se defina debe permitir que el rescate de la pobreza energética a millones de argentinos y argentinas siga su curso. En consecuencia, es preciso contemplar de manera integral el nivel de ingresos de los usuarios y las usuarias y el gasto que los servicios públicos representan y todo, como bien afirmó el presidente en declaraciones recientes, en el contexto actual y teniendo en cuenta la situación económica que enfrentan.

Mi interpretación de esto que dijo Alberto es que tenemos que tener en cuenta los ingresos de los hogares y sus gastos en otros servicios e insumos vitales tales que, como resultado de ello, no se vean afectados los derechos humanos a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud y a una vida digna. Un determinado aumento de salarios no garantiza per se cubrir los gastos esenciales que esa familia u hogar tiene.

– El Frente de Todos sostuvo en los últimos años que las tarifas de la energía que dispuso la administración de Macri se habían tornado impagables. ¿Se termina ahora esa situación y considera que, en adelante, serán pagables?

– Que eran impagables, no caben dudas. Pero yo quiero destacar algo de suma importancia: el Presidente no decidió suspender las tarifas de Macri y evitar esos incrementos siderales solamente para que la gente no pase a pagar ese 130% de aumento (promedio residencial) en abril.

Suspendió las tarifas de la gestión neoliberal porque, fundamentalmente, el Poder Ejecutivo aceptó los resultados de la auditoría y la revisión (encomendadas por el propio Alberto Fernández) que los entes reguladores condujeron durante todo el año pasado.

Esas auditorías -que fueron jurídicas, técnicas y económicas- encontraron profundos e insalvables vicios e irregularidades que, en el caso del ENARGAS, derivaron incluso en dos denuncias penales dirigidas a ex funcionarios y ex funcionarias del gobierno macrista.

Lo informamos al Poder Ejecutivo y fue precisamente por eso que el Presidente resolvió suspender la RTI auspiciada por Juan José Aranguren, evitando que ahora paguemos más del doble en el servicio público de gas por redes.

O sea, fueron estos vicios e irregularidades que encontramos, sumados a graves errores cometidos durante la RTI 2016/17, la razón de lo «impagable» de las tarifas de Macri; la razón de tarifas carentes de toda razonabilidad, justicia, previsibilidad y gradualidad; la razón de un servicio público insostenible, con índices de cortes, morosidad e incobrabilidad nunca vistos; la razón, en definitiva, de un servicio público que devino en bien de lujo, progresivamente restringido a cada vez menos argentinas y argentinos.

– ¿Qué va a pasar con las ganancias de las empresas?

– Primero, una aclaración obligada: ni el Presidente ni nadie propone empresas que no ganen como condición excluyente para una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar.

Las empresas tendrán una rentabilidad razonable, como marca la Ley 24.076. Una rentabilidad que no derive en una tarifa «confiscatoria» para los usuarios y las usuarias, como sucedió entre 2016 y 2019.

Es más, lo que nosotros buscamos es que todos los actores del servicio público -transportistas, distribuidoras, usuarios y usuarias- ganen y que ganen equilibradamente.

La tarifa de un servicio público no puede quitar ingresos que impidan o dificulten alimentarte o comprarte medicamentos, como advirtió Alberto Fernández en más de una oportunidad.

Porque si eso pasa, el servicio público se torna insostenible, porque el usuario no paga su factura y se endeuda, entonces la distribuidora no cobra y, por tanto, no paga el gas al productor (círculo vicioso mencionado por la Corte Suprema en el fallo CEPIS aludido). Si esto ocurre, como ocurrió durante el macrismo, todo el sistema tambalea.

Por eso los mil y un parches normativos de la gestión anterior, incluyendo la aplicación de topes a la facturación muchos de los cuales terminaron removiendo o no respetando (el propio Gobierno), el congelamiento y la suspensión de las inversiones comprometidas por las empresas en la RTI.

– A partir de mayo el gas que contratan las industrias puede subir un 100%. En los últimos días, hubo PyMEs que se quejaron de «aumentos siderales» en el precio del gas. ¿El ENARGAS puede intervenir o no es su competencia?

– El precio del gas es competencia de la Secretaría de Energía, mientras que la potestad del ENARGAS es analizar y eventualmente trasladar a tarifa del precio del gas para los usuarios y las usuarias que compran el fluido a las distribuidoras.

 Sucede que muchas pequeñas y medianas empresas, por sus consumos, compran el gas a comercializadoras. En el Decreto 892 del Plan Gas.Ar se excluyeron del servicio completo al Gas Natural Comprimido (GNC) y a pequeñas y medianas empresas en razón de determinados volúmenes de consumo.

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Redacción de Estación Claridad

Equipo de redacción de Estación Claridad.
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