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AstraZeneca no pagará indemnizaciones por los trombos en España

El acuerdo firmado por la farmacéutica y la UE establece que serán los Estados miembros los que asuman ese coste si la vacuna falla. Investigaciones abiertas por una muerte y tres casos sospechosos.

AstraZeneca vuelve a estar en el ojo del huracán. Las dudas sobre la vacuna de Oxford han provocado que España cancele su administración en menores de 60 después de detectarse nuevos trombos en ciudadanos que recibieron la primera dosis. La farmacéutica británica, en todo caso, no tendrá que pagar ningún tipo de indemnización, incluso si se demuestra que la vacuna ha sido la causante de esos daños.

A día de hoy, en España hay cuatro investigaciones abiertas para determinar si la vacuna de AstraZeneca está detrás de tres casos de trombos detectados, y el fallecimiento de un hombre de 65 años producido el miércoles en Lleida después de recibir la primera dosis de la patente de Oxford.

Esta muerte se produjo el mismo día en el que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) confirmara el «posible vínculo» de la vacuna de AstraZeneca con la aparición de coágulos y apenas unas horas antes de que el Consejo Interterritorial de Salud decidiera cancelar la vacunación con esta patente a los menores de 60 años.

En España, además, se había investigado previamente la muerte de una profesora de 43 años de Marbella, que falleció de una hemorragia cerebral tras ser inoculada con la vacuna británica. La autopsia determinó, no obstante, que la vacunación no tuvo nada que ver con la muerte y que ésta se debió a la predisposición de la paciente a sufrir accidentes cerebrovasculares.

El Ministerio de Sanidad ha afirmado que los episodios registrados en España son «eventos trombóticos que por sí mismos, aunque infrecuentes, pueden ocurrir en la población general

El Ministerio de Sanidad ha afirmado que los episodios registrados en España son «eventos trombóticos que por sí mismos, aunque infrecuentes, pueden ocurrir en la población general». 

Sin embargo, estos coágulos se han asociado a una disminución del número de plaquetas en sangre, una circunstancia que sí provocó reticencias en la cartera dirigida por Darias: «Este hecho puede sugerir una activación anormal del sistema de la coagulación que se asociaría a esta formación de coágulos en localizaciones que no son las más habituales».

De demostrarse la vinculación entre estos trombos y la vacuna de AstraZeneca, la farmacéutica británica evitaría pagar cualquier tipo de indemnización, aunque sí asumiría la responsabilidad por el daño causado.

Así se acordó, de hecho, en el contrato de adquisición de la patente de Oxford firmado por la Comisión Europea. Una condición, la de exención de responsabilidades por parte de los fabricantes, que también incluyeron Pfizer, Moderna, Janssen y Curevac, con las que el Gobierno quiere alcanzar el 70% de la inmunidad a finales de agosto.

Tal y como adelantó LPO el pasado mes de noviembre, si las vacunas contra el coronavirus llegaran a fallar, la responsabilidad, al menos en Europa, sería de los laboratorios, pero los que pagarían las indemnizaciones serían los Estados Miembros. España, entre ellos.

La Comisión Europea confirmó a este medio que «los acuerdos de compra anticipada prevén que los Estados Miembros indemnicen al fabricante por determinadas responsabilidades contraídas en condiciones específicas y estrictas».

Desde el órgano de Gobierno de la UE advertían, además, que «los fabricantes de vacunas están produciendo mucho más rápido que en circunstancias normales, hablamos de 12-18 meses en lugar de una década o más». Y que, precisamente por ese motivo, los países «están dispuestos a cubrir financieramente algunos de los riesgos de las empresas para garantizar que las vacunas estén realmente disponibles para los ciudadanos de la UE».

De esta forma, si se confirmase que la vacuna de AstraZeneca ha provocado trombos o incluso el fallecimiento de algún paciente después de recibirla, sería el Estado el que tendría que pagar las indemnizaciones pertinentes a los afectados o sus familiares, incluso si éstos actúan contra la fabricante británica. 

La decisión del Ministerio de Sanidad de vacunar con AstraZeneca únicamente a la población entre 60 y 65 años pone en jaque el plan de vacunación nacional y deja en el aire la administración de cuatro millones de dosis del fármaco, que quedarían sin receptores según el último anuncio del Gobierno.

La patente de Oxford acordó enviar a España 12.232.200 vacunas, de las que se han recibido en nuestro país poco más de una cuarta parte de las acordadas (3,2 millones). De los lotes recibidos, aún queda algo más de un millón de viales por administrar (1.077.228) que, sumados a los nueve millones que aún faltan por llegar, dejan un total de diez millones de dosis que sólo podrán recibir los 3,5 millones de españoles que están en el rango de edad comprendido entre los 60 y 65.

España ha administrado 2,1 millones de vacunas AstraZeneca, pero los vaivenes en el rango de población receptora y los retrasos en las entregas han hecho que sólo 97 personas hubieran recibido la pauta completa, según los datos facilitados por Sanidad este miércoles 7 de abril. La duda está en si el Gobierno finalmente optará por administrar la segunda dosis de AstraZeneca a los que ya recibieron la primera o si apostará por la fórmula mixta que ya contempla que supone ofrecer el fármaco de Pfizer en segundo lugar y renunciar a la segunda dosis de Oxford.

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