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Oscar Parrilli activa una comisión bicameral en el Congreso para investigar e interrogar a jueces

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El oficialismo dio un paso más en su pelea con la Justicia y anunció que impulsará la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar e interrogar a magistrados.

La iniciativa fue instrumentada por el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli en virtud de uno de los planteos realizados por el presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias.

El Presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”, explicó.

Y ante una repregunta del periodista Roberto Navarro en radio El Destape, el legislador reconoció que pretenden que los magistrados se presenten ante la bicameral a dar explicaciones: “Esperemos que así sea y que concurran, estamos acostumbrados a fiscales rebeldes que no se presentan ante la Justicia”.

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Este lunes el mandatario embistió contra el Poder Judicial y dijo que se encuentra en los márgenes de la República. Además, anunció una serie de proyectos, entre ellos el de creación de un nuevo tribunal que le recortará el poder a la Corte Suprema. En ese contexto, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de que exista “un control cruzado” institucional del Poder Legislativo sobre el Judicial.

En su discurso, Fernández apuntó contra los fiscales y eligió especialmente como destinatario de sus críticas a Carlos Stornelli. El fiscal del caso de los cuadernos habló del tema en diálogo con Infobae.

Yo estoy preparando una presentación para saber en qué están los dos pedidos de juicio político que hizo a Stornelli. Tenemos un fiscal prófugo que actúa. Como dijo ayer el Presidente, inventaron una teoría del poder residual para poner presos a personas inocentes y algunas personas que tienen poder real siguen funcionando. Es una cosa digna de toda perplejidad”, planteó Parrilli.

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Stornelli fue procesado en la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla a partir de los dichos del falso abogado Marcelo D’Alessio, pero no existe ninguna orden de detención en su contra ni impedimentos para ejerza su tarea como fiscal.

Alberto Fernández le pidió al Congreso que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. “Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”, sostuvo.

Lo mismo planteó con la reforma al Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado y está en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución. El Presidente no hizo referencia a la postulación del juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Fernández lo propuso en diciembre de 2019, apenas asumió, y desde entonces su pliego está congelado.

El mandatario también anunció que a lo largo del año enviará al Congreso proyectos basados en las recomendaciones que le hizo la comisión de juristas que convocó para analizar el funcionamiento de la Justicia.

Una de esas iniciativas, adelantó, será la creación de un Tribunal Federal de Garantías que estará por debajo de la Corte Suprema “que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. Y agregó: “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.

La decisión implica que el máximo tribunal solo intervendrá cuando se plantee la inconstitucionalidad de alguna norma y el nuevo tribunal en los restantes aspectos, entre ellos, las apelaciones por condenas penales. La creación de ese tribunal será consultada con los gobernadores del país.

Otro será la revisión del artículo 280 Código de Procedimientos Civil y Comercial. Se trata del articulo que le permite a la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario. Fue el que utilizó para confirmar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, lo que generó críticas en el oficialismo.

También anunció una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo. El Consejo está integrado por 13 miembros, de los cuales siete son representantes de la política.

Por último adelantó que enviará al Congreso un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales. Eso significa que la culpabilidad o inocencia en causas como corrupción, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado será decidida por ciudadanos. El juicio por jurados se aplica en varias provincias pero nunca a nivel federal a pesar de que está en la Constitución Nacional desde 1853.

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