La CGT convoca a una cumbre urgente porque una funcionaria de Cristina podría controlar las obras sociales
Liliana Korenfeld podría desembarcar en la Superintendencia de Salud, en medio de versiones de una profunda reforma del sector que impulsa la vicepresidenta.
El posible regreso de Liliana Beatriz Korenfeld a la Superintendencia de Servicios de Salud encendió todas las alarmas en la cúpula de la CGT que convocó a una cumbre de urgencia para este lunes, en el medio de la ofensiva de la vicepresidenta para realizar una reforma integral del sistema de salud del país.
Korenfeld es de plena confianza de Cristina Kirchner y ocupó ese cargo estratégico durante su Gobierno. Los sindicalistas la recuerdan como la funcionaria que les pisó la transferencia de millones de pesos de las obras sociales, en el pico del enfrentamiento de Cristina con el sindicalismo, que nunca terminó de saldarse. La cercanía de Korenfeld con Cristina es tal, que apenas asumió como vicepresidenta le encargó que audite la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación (DAS) y el convenio con Omint, la empresa de salud con la que Michetti acordó que se les diera cobertura médica a los empleados del Congreso.
Si la DAS pasara a la Cámara de Diputados, como se menciona en el Congreso, Korenfeld se quedaría sin su cargo y podría reemplazar en la Superintendencia a Eugenio Zanarini, quien autorizó el aumento a las prepagas que se publicó el 30 de diciembre en el Boletín Oficial y que en menos de veinticuatro horas fue derogado por orden presidencial. Aunque el recambio podría ocurrir incluso antes.
No solo porque Zanarini fue burdamente desautorizado, sino porque en medio de esas tensiones terminó internado en terapia intensiva con un cuadro cardiovascular y no estaría en condiciones de regresar a su silla en la Superintendencia de Diagonal Norte.
Hasta ahora, las sospechas de nacionalización apuntaban centralmente a las prepagas por la política de desfinanciamiento a las que se sienten sometidas luego de un año de congelamiento de ingresos y de incrementos de costos y ahora tras la confirmación de que no tendrán recomposición de las cuotas en febrero y además se quedarán sin ATP, el salvavidas que les dio el Gobierno para soportar la pandemia.
La crisis es tal magnitud que este viernes, un grupo de asociaciones de medicina privada se reunieron con Daniel Gollán y su vice Nicolás Kreplak para plantearle al gobierno de Kicillof el estado crítico que enfrentan y sus limitaciones para hacer frente a una segunda ola de coronavirus.
De nada sirvió que luego de la marcha atrás con el aumento, los representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) se reunieran con Alberto Fernández, el conflicto se prolonga y el reclamo del sector ya alcanzó a los gobernadores: «La situación que atravesamos es crítica y que se nos escuche es un gesto que agradecemos. Hoy pudimos exponer nuestra situación con el ministro y el viceministro de la provincia de Buenos Aires», detalló José Sanchez, presidente de la FAPS, luego de la reunión.
Esa es la discusión del sector privado, a la que se suma ahora la tensión con los sindicatos. LO que abre la posibilidad que el gobierno de Alberto se encamine a una pelea que tiña todo su mandato.
Korenfeld es resistida en especial por tres hombres fuertes de la CGT que mantuvieron la distancia con Cristina: Héctor Daer, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez, que habían encontrado en Alberto un candidato que se aproximaba a su idea del peronismo. Ahora, con la decisión de Cristina de meterse en el sistema de salud, los viejos recelos se activaron. Entre los sindicalistas crecen las prevenciones ante la ausencia de información sobre cuál es el proyecto de «reforma integral del Sistema de Salud» que abiertamente pidió Cristina en diciembre en el acto en La Plata, en el que marcó líneas políticas para la coalición.
«Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos», dijo Cristina en el Estadio Unico de La Plata. La hipótesis entre los sindicalistas es que Cristina quiere ponerle un pie a las obras sociales para castigar y desfinanciar al peronismo tradicional, no kirchnerista, y así erosionar el sustento de la base albertista.
La hipótesis encuentra tierra fértil en algunos de los últimos movimientos del kirchnerismo de ir «serruchando» una a una las alianzas que intentó construir Alberto. Así como dinamitó la relación con Larreta mediante la ley para reducirle la coparticipación; a los intendentes que se acercaron a Alberto también buscan disciplinarlos con el desembarco de Máximo en el PJ bonaerense. Las dudas no acaban ahí. En primer lugar, los empresarios y sindicalistas se preguntan cuál es el modelo de integración que busca Cristina Kirchner y quién le escribe el guión de lo que puede ser el futuro sistema de salud integrado. Dos nombres asoman primero por su cercanía al Patria: Luciano di Césare, ex interventor del PAMI y Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de Kicillof. Pero no son las únicas posibilidades. Un especialista consultado por LPO advirtió que: «Es verdad que hay que hacerle modificaciones al sistema de obras sociales porque no todas son viables, pero hacerlo en medio de una pandemia es una locura, se requiera calma, coordinación y avanzar con prudencia. Ahora que las ambulancias no dan abasto no es momento».
El gobierno de Macri había comenzado un estudio del sistema de obras sociales apuntando a una gran fusión de las 294 obras sociales actuales en cuatro grandes prestadoras para darle viabilidad al sistema tomando como referencia el modelo israelí; pero la idea de un servicio «integrado» hace pensar más bien en un servicio único básico al estilo de los Estados Unidos. El modelo de salud administrado por los sindicatos fue una de las concesiones del «peronismo sin Perón» de Onganía a las organizaciones de trabajadores que fue cuestionado en un primer momento por el peronismo.
Otra de las grandes dudas tiene que ver con el alcance de la reforma. El actual sistema consta de un marco legal de distintos niveles y para cambiar su estructura requiere de leyes, de decretos y, en algunos casos basta solo con una resolución de la Superintendencia. Por ejemplo, bastaría un decreto para que se termine la libre opción entre obras sociales.
LPO
