Amnistía Internacional pidió condenar las violaciones a los derechos humanos en Formosa

A través de una carta dirigida al secretario de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, la organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por las denuncias realizadas por las medidas adoptadas por las autoridades de Formosa para prevenir el Covid-19 y pidió que «condene las violaciones a los derechos humanos».

Según el organismo, recibieron numerosas denuncias por «las graves condiciones en las cuales las personas son alojadas en los Centros de Atención Sanitaria (CAS)» de la provincia de Formosa, entre ellas «personas que sufrieron el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que por sus condiciones las expusieron al contagio, del aislamiento durando incluso hasta 30 días, la falta de acceso a los resultados de sus testeos de Covid-19 e información precisa sobre su situación de salud, la custodia por personal policial las 24 horas, siendo la presencia de personal de salud esporádica, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de ventilación, la provisión escasa de alimentación de mala calidad, la utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas, la inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad».

Según el organismo, «una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de Gobierno».

Por ello, el Amnistía Internacional exige a la secretaria «una respuesta a la altura de las denuncias recibidas» y considera que, si bien «no puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención», el contexto actual «exige poner a las personas en el centro de la protección y defensa de sus derechos humanos».

«La grave afectación del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno y demandan su intervención de forma urgente», dice el documento.

Finalmente, el organismo solicita a Pietragalla que «no convalide una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario y, en consecuencia, a violaciones a sus derechos».