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Un juez se negó a desalojar la toma de El Bolsón debido a la deficiente política habitacional en Río Negro

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«No abrigo dudas de que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que, evidentemente, no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas», dijo Zapata para rechazar el pedido de la fiscal federal subrogante Sylvia Little.

El predio en cuestión pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se encuentra ocupado desde fines de agosto por unas 160 familias.

En su decisión, el juez rechazó que al INTA como querellante y solicitó al gobierno municipal de El Bolsón les otorgue alojamiento dentro de los próximos 15 días, tras realizar un relevamiento en la toma.

RECHAZO DE LA GOBERNACION

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La gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, criticó la decisión del juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata de no reconocer como delito a la ocupación de predios en El Bolsón, informaron fuentes oficiales.

«Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras. Pensar que se puede dar albergue a 130 familias en 15 días es estar completamente ajeno a la realidad y a los problemas que enfrentamos diariamente los Poderes Ejecutivo», señaló la mandataria a través de un comunicado difundido por el Gobierno provincial.

Carreras se refirió de esta forma a un dictamen del juez Zapata que impone un plazo de dos semanas para que el Municipio, la Provincia y la Nación «arbitren las medidas necesarias tendientes a otorgar alojamiento a las familias que ocupan los predios».

«Los gobiernos gestionamos, pero no hacemos magia. Si pudiéramos generar alojamiento para cientos de familias en forma instantánea ya lo hubiéramos hecho y no tendríamos un problema habitacional”, sostuvo.

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Por su parte, el intendente de la localidad cordillerana, Bruno Pogliano, expreso, por medio de las redes sociales, que “es peligroso y alarmante el mensaje que expresa el magistrado en su resolución.

«Al no reconocer delito en la usurpación de tierras fiscales, se promueve este accionar, imponiéndole además a los Poderes Ejecutivos la cesión de las mismas”, indicó el jefe comunal.  

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