Si te aumentaron la tarifa de Internet o teléfono, la empresa deberá devolverte lo que cobró de más

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, aclaró que las empresas que enviaron facturas con aumentos en el servicio de internet y telefonía deberán devolver el mes siguiente lo que cobraron de más ante la vigencia del congelamiento de tarifas.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional indicó que en las últimas horas «las empresas sacaron una comunicación confusa» respecto de las tarifas, «diciendo que si bien había un decreto, faltaba una reglamentación, pero no». «Las tarifas están congeladas desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre.

El último aumento se produjo en abril. Quiere decir que a partir de mayo la tarifa sigue igual y hasta el 31 de diciembre será la misma», puntualizó el vicepresidente del ENACOM.

En ese sentido, el dirigente de origen radical afirmó que si una empresa en la siguiente facturación aplica un porcentaje de aumento, «lo tienen que devolver el mes que viene» a través de una «nota de crédito».

Por otro lado, el titular del sindicato de jerárquicos de telecomunicaciones, Fabián Boccella, defendió este sábado la decisión del Gobierno y consideró que «lo que hay que hacer ahora es regular bien la actividad».

Según NA, evaluó que «si se desarrollan las redes, va a generar mayor empleo» y destacó la necesidad de contar con un plan «de acceso básico universal a un precio accesible, que es lo que va a definir la autoridad de aplicación».

«Al no estar regulada la industria, los privados que tienen la explotación de las licencias de telecomunicaciones, que son del Estado, siempre van a ir a la crema del negocio», apuntó y estimó que «no van a democratizar las telecomunicaciones».

Servicios esenciales

Cabe recordar que el Gobierno congeló las tarifas de telefonía, cable e internet hasta el 31 de diciembre y los declaró servicios esenciales, tal como informó a través del Decreto 690/2020 publicado en el Boletín Oficial.

Según explicó la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, esta decisión se tomó para favorecer el acceso de la sociedad a ciertos derechos y servicios fundamentales, especialmente considerando la situación que se vive ante la pandemia del coronavirus.

Sánchez Malcom habló sobre el DNU a partir del cual se efectuará esta medida. «Básicamente declara el acceso a estas tecnologías como un derecho fundamental, respaldado por la declaración que hizo la ONU semanas atrás, porque se considera que estos servicios son una puerta de acceso a otros servicios y otros derechos que tenemos que garantizar».

De esta manera, señaló que esto favorece el alcance de las personas a la educación, a la telemedicina, al trabajo y a la producción, en tanto estén vinculados a la conectividad. Además, resaltó la importancia de esta medida durante la cuarentena, dado que permite comunicarse con seres queridos.

Sánchez Malcolm explicó en concreto qué es lo que se determinó. «Por un lado, se establece que estos servicios no puedan aumentar en todo lo que resta del año para no generar mayores restricciones a usuarios y consumidores de estos servicios», dijo. Y añadió: «También se incorporan herramientas regulatorias que tenía el Estado, y que fueron eliminadas por decreto por el gobierno anterior, que tienen que ver, no con un control de precios ni fijación de tarifas, sino que es un control de tope de aumentos».

La funcionaria subrayó que «el DNU establece la obligatoriedad de fijar una tarifa universal básica, que sea atractiva, completa y permita a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su nivel de acceso, que puedan contratar un servicio de calidad, a una tarifa única que van a poder brindar las operadoras».

La secretaria de Innovación Pública contó que esta medida se complementa con el acuerdo que hicieron con compañías de telefonía móvil, llamado «rating cero». Esta política es especialmente importante para el desarrollo de la educación porque permite que los usuarios accedan a ciertos contenidos y naveguen en plataformas digitales sin usar megas.

Las telcos alertan por el impacto

La fuerte solicitada que a  última hora del lunes distribuyó el sector de las telecomunicaciones en la Argentina en rechazo al decreto 690 por el cambio de reglas en la provisión de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga que pasan a ser servicios públicos, recordó el impacto negativo que el congelamiento de tarifas de telefonía fija tuvo en el sector durante los 15 años que duró esa medida.

Lo expresaron así. «La norma no deja de sorprender dado que siempre tuvimos diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para llevar alivio a quienes más lo necesiten.

La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos. Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del servicio de telefonía fija durante 15 años», expresó la solicitada.

En 1999, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, las tarifas de telefonía fija de Telefónica y Telecom quedaron congeladas, no así las de los restantes prestadores que ofrecían servicios de telefonía al segmento corporativo, básicamente. El mercado se estaba desregulando y ya había otras compañías que ingresaban en el negocio producto de la incipiente competencia.

Pero con la crisis de 2001 y las consecuencias que esa debacle provocó en la sociedad, en 2002 quedaron congeladas las tarifas de telefonía fija de todas las compañías, más allá de si prestaban el servicio básico domiciliario, es decir, la telefonía al hogar, o si estaban concentradas en el mercado corporativo, inclusive el de larga distancia. En aquellos años se desreguló ese mercado y era posible elegir al operador más conveniente para realizar una llamada de larga distancia nacional o internacional. Algunos pocos millennials seguramente recuerden haber comprado una tarjeta para tal fin.

Demandas e inversiones

¿Qué produjo ese congelamiento de tarifas? Dos consecuencias distintas. Por un lado, esa situación motivó a Telefónica a recurrir al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) para denunciar al país por haber cambiado las reglas de juego del sector. Demanda que retiró en 2009, para dar viabilidad a un memorándum.

Por el otro, si bien el congelamiento inicial aplicado a la telefonía fija de Telefónica y Telecom tuvo consenso de parte de diversos actores del mercado porque las tarifas era caras, como ya había competencia los distintos prestadores que se sumaron al mercado comenzaron a vender por debajo de ese techo. Como había poca inflación las distintas compañías tenían un margen razonable y las inversiones se mantuvieron un tiempo.

La recuperación económica de la Argentina de esos primeros años, además, ayudó en esta situación, pero cuando se acercaba el final de la primera década del 2000 las cosas comenzaron a cambiar porque la macro argentina empezó a modificarse.

Pero el congelamiento tarifario de aquellos años se extendió en el tiempo, por ende hubo consecuencias de largo plazo en los servicios básicos como la telefonía, y también en los asociados, como la banda ancha que se brindaba por la tecnología ADSL: no se expandieron a la velocidad que merecían a lo largo del territorio, no mejoraron en calidad, y en muchos lugares eran demasiado caros para lo que se servía.

En otras palabras, no hubo nuevas inversiones para que el sector se expandiera mientras, en paralelo, los consumidores recibían un servicio caro para la calidad de la prestación que contrataban. La competencia, además, quedó desalentada.