Sobreseyeron a Mauricio Macri por los Panamá Papers pero seguirán investigando a sus hermanos por una cuenta en Suiza
La decisión respecto del Presidente la tomó el juez Diego Amarante. Continúa la causa contra Gianfranco y Mariano
El juez federal en lo Penal y Económico, Diego Amarante, sobreseyó a Mauricio Macri en una investigación iniciada tras la difusión de los Panama Papers. El magistrado descartó una presunta evasión impositiva vinculada a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha. La decisión la tomó el magistrado el 6 de agosto, antes de las PASO, pero recién trascendió hoy.
Según pudo corroborar Infobae de fuentes judiciales, el juez determinó que “las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior, ni los directores – por Mauricio, sus hermanos Mariano y Gianfranco, y su padre ya fallecido Franco Macri- cobraron honorarios”.
Asimismo que “no realizaron ninguna actividad en el país ni siquiera en forma aislada, descartándose que pudieran resultar sujetos obligados tributarios” y que se hayan distribuido dividendos. Destacó asimismo que se dejó de pagar la tasa para mantenerlas activas en Bahamas y Panamá.
Si bien se corroboró que Fleg Trading fue accionista de la firma Owners Do Brasil, en ese país, “se descartó, por un lado, que a través de su estructura jurídica se haya llevado adelante la prueba piloto de Pago Fácil en Brasil y por otro, que haya tenido actividad que permitiera distribuir honorarios con posterioridad al año 2007, fecha en que la sociedad quedó inoperativa por falta de pago de la tasa de mantenimiento”.
En relación a la otra parte del expediente vinculada a los hermanos del Presidente, Gianfranco y Mariano, que a través de una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad offshore BF Corporation SA , blanquearon USD 4 millones en la amnistía fiscal dispuesta por Mauricio Macri, Amarante resolvió ayer rechazar el pedido de sobreseimiento de la Fiscalía.
La fiscal Gabriela Ruiz Morales, subrogante de la Fiscalía en lo Penal Económico Nº6, había solicitado esa medida antes de la feria judicial de julio, junto con el de Mauricio Macri, pero el magistrado no lo resolvió junto con el del Presidente en agosto.
Recién ayer, a partir de una presentación de la defensa de los hermanos del mandatario que solicitaron el cierre de la causa por “falta de acción”, el magistrado consideró que aún debe determinar si le corresponden o no los beneficios de la ley de blanqueo, que por ejemplo, exige que no hayan quedado bienes sin declarar. Asimismo, consideró que debe evaluar la vinculación de Gianfranco Macri con la causa de los cuadernos de las coimas.
El origen de la causa contra Macri
La investigación se inició en abril de 2016 a partir de las revelaciones de la investigación global de los Panama Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que derivaron en una denuncia penal del diputado kirchnerista Darío Martínez. La investigación le atribuía a Mauricio Macri haber omitido declarar su participación Fleg Trading y Kagemusha. Adicionalmente, se sospechaba que las referidas sociedades podrían haber sido utilizadas para ocultar maniobras de lavado de dinero u otros activos y que podrían haber cometido algún delito de orden penal tributario.
El fiscal Federico Delgado impulsó la investigación por haber omitido Macri declarar su participación en esas firmas offshore, con la hipótesis de que podrían haber sido utilizadas para el presunto lavado de dinero o un delito tributario.
Un año más tarde, el expediente recayó en el Juzgado de Amarante, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 6, subrogada por Gabriela Ruiz Morales. Fue luego de que el juez federal Casanello descartara, en abril de 2017, la hipótesis de lavado de activos, y enviara una parte del expediente al fuero Penal Económico para que investigue si hubo evasión impositiva. La otra parte fue al Juzgado Criminal Nro. 20, del fuero ordinario, para determinar si Macri había incurrido en omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. La decisión de Casanello fue luego ratificada por la Cámara Federal.
Las respuestas a los exhortos internacionales
Según la información brindada por las autoridades de Bahamas, Fleg Trading fue conformada en 1998 y dada en baja en 2009, después de no pagara su fee anual en 2008.
Respecto de su actividad en Brasil, ese país informó en respuesta al exhorto enviado por la Justicia Argentina que como apoderado figuraba Mariano Macri. El hermano del presidente había figurado como primer director de Fleg Trading junto a Mauricio y Franco, quienes fueron reemplazos a los pocos meses, en 1998, por tres empleados del Grupo SOCMA: Leonardo Maffioli como presidente, Miguel Sosa como vicepresidente y Concepción Lioi en carácter de secretario.
Estos tres empleados de SOCMA declararon en sede judicial que Fleg Trading compró acciones de Owners do Brasil, pero que “dicha operación no implicó una transferencia bancaria de dinero, sino que fue a través de un débito en la cuenta contable de Francisco Macri en Socma Americana SA” .
Según la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae, de Maffioli declaró que Owners “tuvo una participación pequeña de una cuota en Global Collection Services do Brasil, la cual representaba menos del 1% del capital. Esta última empresa había realizado la prueba piloto de Pague Fácil en Brasil, pero la misma había finalizado para enero de 2003, época en la cual tuvo lugar la adquisición. Aseguró que la referida prueba piloto no generó utilidades”. Esto fue confirmado por Sosa, quien agregó que “la sociedad no tenía oficinas ni empleados porque no era una sociedad operativa”.
En cuanto a Kamegusha, fue constituida en Panama en 1982 siendo Franco Macri su presidente y representante legal, y su directorio estaba conformado además por Gianfranco Macri, Mauricio Macri y Eloy Benedetti. Según información aportada por Panamá en respuesta a los exhortos enviados por Casanello, la firma offshore no tenía propiedades registradas en en ese país, ni actividad comercial declarada” y que fue disuelta de oficio por las autoridades en 2016, después de 10 años consecutivos de morosidad.
