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Detuvieron a un histórico sindicalista portuario acusado de lavado de dinero y extorsión

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El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Herme Juárez, fue detenido esta mañana en el marco de un operativo que incluyó 30 allanamientos. Está acusado de haber cometido varios delitos, entre ellos de haber conformado una asociación ilícita que lavó dinero y realizó estafas.

Los operativos fueron realizados por la Policía Federal con la asistencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y en puerto San Martín -a 20 kilómetros de Rosario-. También fueron detenidas tres personas vinculadas al jefe sindical: el síndico Ramón Tevez, Damián Bunello y el abogado Jorge Jerez.

También participaron en la investigación representantes de la INAES, la AFIP y el Ministerio de Trabajo.

Juárez se consolidó como la figura más preponderantes entre los trabajadores portuarios del país a lo largo de las últimas décadas. Además de ser el Secretario General de SUPA, transcurrió durante nada menos que medio siglo como presidente de la Cooperativa que detenta la explotación del puerto aceitero y cerealero más importante del país.

El sindicalista fue detenido en su lujosa mansión de la ciudad ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario. La medida fue ordenada por el Juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La Justicia habría detectado supuestas maniobras extorsivas que le generaron ganancias inmensas, tanto para él y su familia como para sus más cercanos en la cúpula sindical.

A lo largo de los años, Juárez se hizo con el control total de los negocios que se desarrollaron en el Puerto San Martín. Así, con el paso del tiempo extendió sus influencias hasta el puerto de San Lorenzo, donde funciona una célula de idéntico funcionamiento, llevada a cabo por una Cooperativa explotada por su hermano, Iván Juárez.

En los papeles, el objetivo «oficial» de las Cooperativas era generar fuentes de empleo entre trabajadores que percibirían de manera equitativa los beneficios del negocio. Sin embargo, la justicia investiga si Juárez convirtió esa cooperativa en una suerte de empresa privada que se aprovechaba de los beneficios impositivos para enriquecer su patrimonio personal.

Pese a que la ley lo contempla, ningún estibador habría participado en las ganancias de la cooperativa, ni habría votado en las asambleas. A lo largo de las décadas, todas las decisiones habrían sido tomadas exclusivamente por Herme Juárez.

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