En una reciente resolución, la Corte Suprema ha ratificado la suspensión de la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, inicialmente aplicada por la Contraloría General de la República. La medida disciplinaria impuesta a Naranjo ha sido modificada por la Corte, reduciendo el período de suspensión de tres a dos meses, aunque manteniendo la sanción de recibir solo el 50% de su salario durante este tiempo.
La decisión se basa en la revisión del expediente administrativo, específicamente en la resolución encontrada en la página 1672, donde se dictamina: «Se confirma la resolución apelada, que se lee a fojas 1672 del expediente administrativo, con declaración de que se sustituye la medida disciplinaria aplicada a doña Krist Pía Nicole Naranjo Peñaloza, de suspensión de tres meses con goce de un 50% de la remuneración mensual y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo, contemplada en el artículo 121, letra c), en relación al artículo 124, ambos de la ley No 18.834, por la de suspensión del empleo por dos meses con goce del 50% de sus remuneraciones manteniéndose las accesorias legales antes referidas.»
Esta sanción se origina en una serie de investigaciones y procedimientos disciplinarios que apuntan a irregularidades en el desempeño de la gobernadora Naranjo. La Corte Suprema, al confirmar esta medida, enfatiza la importancia de mantener la integridad y la responsabilidad en los cargos públicos, subrayando que ningún funcionario está exento de rendir cuentas por sus acciones. La gobernadora Naranjo, durante estos dos meses de suspensión, no podrá ejercer sus derechos ni prerrogativas inherentes a su cargo, lo que incluye la toma de decisiones y la participación en actividades oficiales. Esta situación plantea un desafío significativo para la administración de la Región de Coquimbo, que deberá adaptarse a la ausencia temporal de su máxima autoridad.
La resolución de la Corte Suprema es definitiva y sienta un precedente importante sobre las medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios públicos en el país.