Causa Vialidad: los fiscales continúan su alegato mientras las defensas preparan la respuesta

Los fiscales que intervienen en el juicio oral y público en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas continuarán mañana con sus alegatos mientras que las defensas de los trece imputados se preparan para responder a partir de septiembre.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizarán la cuarta de nueve audiencias que solicitaron para el desarrollo de un alegato que culminará, según ellos mismos anunciaron, con el pedido de condenas para todos los imputados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y defraudación, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción», sostuvo Luciani en la primera audiencia, en la que se refirió a una «asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos».

El mayor contrapunto entre fiscalía y defensas estará dado por lo que pasó a lo largo de todo el debate: para los abogados de los imputados, el juicio oral y la mayor parte de los testimonios sirvieron para demostrar que el denunciado direccionamiento no existió mientras que acusan a la fiscalía de repetir, sin más aportes que la puesta en escena, la acusación elaborada durante la etapa de instrucción.

Por el juicio pasaron todos los exjefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, entre ellos el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, quienes descartaron que se hubiera direccionado la obra pública en favor de algún empresario en particular y detallaron cómo es el proceso de elaboración de los presupuestos nacionales y de la asignación de obra pública.

Quienes siguen el juicio recordaron la contundencia con la que Massa respondió cuando le preguntaron su recibió una indicación para ampliar partidas o reasignar recursos para beneficiar a alguna empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones: «Si hubiese recibido esta instrucción, lo hubiese denunciado», remarcó en su declaración como testigo.

Los abogados de los 13 imputados escucharon a través de la plataforma virtual Zoom cada pasaje del alegato del Ministerio Público Fiscal y comenzaron a diagramar lo que serán sus propias exposiciones: por ahora eligieron no hacer declaraciones públicas, quieren esperar hasta los últimos días de agosto, cuando termine el turno de la fiscalía.

Los abogados defensores buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva mas de 3 años, encabezado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, donde testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Uno de los testimonios más relevantes para las defensas fue el del ingeniero Justo Pastor Romero, quien en 2016 realizó la auditoría encargada por el gobierno de Mauricio Macri.

«De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios», declaró Pastor Romero en el juicio, bajo juramento de decir la verdad.

Habrá tensión alrededor de un punto: la fiscalía utilizó para su alegato mensajes de texto extraídos del celular del condenado exsecretario de Obras Públicas José López en el marco de la causa de los bolsos, en los que aparecerían mencionados la expresidenta y hasta su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

La decisión de Luciani de incorporar al juicio a la figura del titular del PJ bonaerense tuvo una primera respuesta este sábado a través del también diputado Leopoldo Moreau, quien acusó al fiscal de «actuar como un agente provocador dedicado a promover el odio y el revanchismo» y además calificó como un «dislate» que se pretenda involucrar en la causa a Máximo Kirchner.

Para Moreau, el fiscal «solo se esfuerza por inventar frases para que se transformen en títulos de algunos medios», lo que implica «una vergüenza más para este Poder Judicial», mientras que al referirse a su colega del bloque del Frente de Todos se preguntó «qué dirigente político no se interesa por las obras en su provincia o en su distrito».

La réplica de Moreau a Luciani no fue la única crítica dirigida desde el oficialismo a los fiscales que intervienen en el juicio oral: el ministro de Justicia, Martín Soria, difundió desde Twitter una planilla de ingresos a la Casa Rosada para acusar al otro representante del ministerio público, Sergio Mola, de «entrar a escondidas al despacho de (Fabián) ‘Pepín’ (Rodríguez) Simón y Macri en la Casa Rosada».

Desde el Tribunal, en tanto, sostuvieron que los mensajes de texto presentados por Luciani se habrían incorporado al juicio antes de los alegatos, algo que será fuertemente criticado por las defensas, ya que plantean que su uso sería irregular porque las partes no tuvieron tiempo de compulsarlos y porque tampoco se produjo prueba sobre los mismos, requisito imprescindible para chequear la veracidad de su contenido.

La fiscalía, en cualquier caso, promovió ya desde las primeras audiencias del alegato la hipótesis sobre una presunta maniobra ilegal integrada por Néstor Kirchner y Lázaro Báez para direccionar las obras públicas de Vialidad en Santa Cruz mediante la creación de «falsos escenarios de competencia» en las 51 licitaciones analizadas.

Para ello, los fiscales aseguraron que empresas como Petersen o ESUCO habrían tenido participación en las supuestas competencias fingidas, algo que será atacado por las defensas: Carlos Wagner, presidente de Esuco, fue convocado a este juicio como testigo y no como imputado; lo mismo pasó con Enrique Eskenazi, de Petersen.

Luciani adelantó que pedirá que se los investigue.

Los abogados defensores van a recordar, además, distintos testimonios que se suscitaron durante el juicio y que no fueron retomados hasta acá por la fiscalía, como el caso de empresario de la construcción Ángel Calcaterra, quien a su turno destacó la «ventaja competitiva» que significaba la ubicación geográfica para Austral Construcciones al competir por las obras de Vialidad en Santa Cruz.

Además, los abogados de las defensas volverán sobre uno de los puntos que más veces cuestionaron en lo que va de este juicio, como de toda la investigación: la causa versa sobre 51 obras, 51 licitaciones, pero a las defensas se les negó la posibilidad de que se realizara un peritaje que las abarcara a todas, como así también que se comparara la distribución de obra pública en Santa Cruz con la de otras provincias o municipios.

Sobre la relación entre Báez y Kirchner, ya se expidió la propia vicepresidenta en el momento de su indagatoria, cuando aseguró: «No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasó en la dictadura y no voy a prestarme a eso».

En aquella oportunidad, la exmandataria adelantó lo que ella cree será el veredicto: «Este Tribunal (por el TOF 2), el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia». LP